El Sindicato de la Policía Local denuncia persecución, espionaje y la utilización irregular de los agentes de la ORA
El Sindicato Independiente de Policías Locales de Asturias (SIPLA) lanzó ayer a través de un comunicado una de las más duras baterías de acusaciones que se recuerdan en la Administración local avilesina. Bajo el título de 'Se abrió la veda', la formación acusa en su escrito a la dirección de la Policía Local de Avilés de espiar y perseguir a los agentes, y de utilizar de forma irregular a los inspectores de la zona azul, que actuarían como una especie de red de delatores dirigida a incrementar el número de multas.
El comunicado del SIPLA sostiene que las conocidas malas relaciones entre la dirección de la Policía Local y el grueso de la plantilla habrían derivado en los últimos tiempos en la configuración de una especie de «Gestapo en zapatillas», de una red de «espionaje» encaminada a vigilar y coaccionar a los agentes de los modos más diversos.
«Para este espionaje, la Jefatura tiene a su disposición material sofisticado que fue adquirido por el Ayuntamiento para otros cometidos», indica el SIPLA. Así, «durante la jornada laboral pueden ser grabadas las conversaciones particulares mantenidas entre los funcionarios», al tiempo, se les habría seguido sus movimientos «vía GPS o por mediación del 'Gran Hermano' de las cámaras del centro de control de tráfico».
Persecuciones en moto
El comunicado del sindicato policial abunda en su denuncia, y sostiene que se habrían dado «seguimientos en motocicleta particular o de camuflaje a compañeros». El resultado de esa vigilancia sería, por ejemplo, el intento de la Jefatura «de ordenar a un agente que se denuncie a sí mismo por pisar una raya continua mientras iba con cierta celeridad a prestar un servicio, por ejemplo».
El propio sindicato policial reconoce en su escrito el patetismo de la situación denunciada. «Son actuaciones que inspiran primero estupor, luego desconcierto y finalmente hilaridad por lo ridículo de las mismas», sostienen los responsables sindicales.
Pero no por ello el SIPLA resta gravedad a lo denunciado. «No solo hablamos del desvío malintencionado del uso de los componentes tecnológicos de que dispone la Jefatura para la represión, hay algo más cruel todavía», afirma el sindicato. «Es el uso de los trabajadores de la empresa de control del estacionamiento en superficie, de la ORA, como herramienta de espionaje y represión». Según el sindicato, esa utilización de los inspectores de la empresa Dornier, encargada de la gestión de la zona azul, es en la mayoría de los casos «contra su voluntad». De ese modo, el SIPLA da a entender que esos trabajadores son forzados a extralimitarse en sus funciones y «llamar a la Jefatura de la Policía Local para denunciar cada vehículo que se encuentre mal estacionado en la vía pública».
Multas de la ORA
Y continúa el escrito: «Si un ciudadano es denunciado, que sepa que puede no haber sido un agente de la Policía Local, sino que el requerimiento puede venir de la mano de un controlador de la ORA». Así, «se prescinde de la valoración que el agente puede hacer sobre las circunstancias que rodean ese caso, y que en condiciones normales podría llevar a un simple apercibimiento o a subsanar el problema de una manera tal que no se recurra a la sanción recaudatoria».
Esa actuación, entiende el SIPLA, responde al conocido descenso en el número de multas impuestas por la llamada huelga 'de bolígrafos caídos' «a raíz de las últimas medidas adoptadas por el Gobierno de la nación». Esa 'manga ancha' de los agentes chocaría con la apuesta «de la Jefatura y de la concejalía» por «aumentar el número de sanciones y, por ende, la recaudación». Para ello, no se dudaría en «imponer» al grueso de los inspectores de la zona azul «que denuncien a diestro y siniestro toda infracción que observen».
El SIPLA, en definitiva, sostiene que la situación es, no sólo insostenible, sino «un despilfarro» porque «cada minuto que los agentes gasten en defenderse a sí mismo», lo restan a «la protección de sus conciudadanos».
El comunicado del SIPLA sostiene que las conocidas malas relaciones entre la dirección de la Policía Local y el grueso de la plantilla habrían derivado en los últimos tiempos en la configuración de una especie de «Gestapo en zapatillas», de una red de «espionaje» encaminada a vigilar y coaccionar a los agentes de los modos más diversos.
«Para este espionaje, la Jefatura tiene a su disposición material sofisticado que fue adquirido por el Ayuntamiento para otros cometidos», indica el SIPLA. Así, «durante la jornada laboral pueden ser grabadas las conversaciones particulares mantenidas entre los funcionarios», al tiempo, se les habría seguido sus movimientos «vía GPS o por mediación del 'Gran Hermano' de las cámaras del centro de control de tráfico».
Persecuciones en moto
El comunicado del sindicato policial abunda en su denuncia, y sostiene que se habrían dado «seguimientos en motocicleta particular o de camuflaje a compañeros». El resultado de esa vigilancia sería, por ejemplo, el intento de la Jefatura «de ordenar a un agente que se denuncie a sí mismo por pisar una raya continua mientras iba con cierta celeridad a prestar un servicio, por ejemplo».
El propio sindicato policial reconoce en su escrito el patetismo de la situación denunciada. «Son actuaciones que inspiran primero estupor, luego desconcierto y finalmente hilaridad por lo ridículo de las mismas», sostienen los responsables sindicales.
Pero no por ello el SIPLA resta gravedad a lo denunciado. «No solo hablamos del desvío malintencionado del uso de los componentes tecnológicos de que dispone la Jefatura para la represión, hay algo más cruel todavía», afirma el sindicato. «Es el uso de los trabajadores de la empresa de control del estacionamiento en superficie, de la ORA, como herramienta de espionaje y represión». Según el sindicato, esa utilización de los inspectores de la empresa Dornier, encargada de la gestión de la zona azul, es en la mayoría de los casos «contra su voluntad». De ese modo, el SIPLA da a entender que esos trabajadores son forzados a extralimitarse en sus funciones y «llamar a la Jefatura de la Policía Local para denunciar cada vehículo que se encuentre mal estacionado en la vía pública».
Multas de la ORA
Y continúa el escrito: «Si un ciudadano es denunciado, que sepa que puede no haber sido un agente de la Policía Local, sino que el requerimiento puede venir de la mano de un controlador de la ORA». Así, «se prescinde de la valoración que el agente puede hacer sobre las circunstancias que rodean ese caso, y que en condiciones normales podría llevar a un simple apercibimiento o a subsanar el problema de una manera tal que no se recurra a la sanción recaudatoria».
Esa actuación, entiende el SIPLA, responde al conocido descenso en el número de multas impuestas por la llamada huelga 'de bolígrafos caídos' «a raíz de las últimas medidas adoptadas por el Gobierno de la nación». Esa 'manga ancha' de los agentes chocaría con la apuesta «de la Jefatura y de la concejalía» por «aumentar el número de sanciones y, por ende, la recaudación». Para ello, no se dudaría en «imponer» al grueso de los inspectores de la zona azul «que denuncien a diestro y siniestro toda infracción que observen».
El SIPLA, en definitiva, sostiene que la situación es, no sólo insostenible, sino «un despilfarro» porque «cada minuto que los agentes gasten en defenderse a sí mismo», lo restan a «la protección de sus conciudadanos».
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Fuente: la vozdeaviles.es
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